La globalización, las reestructuraciones económicas y sociales coincidentes con la aplicación de políticas neoliberales de desregulación económica, ajuste fiscal y reforma del Estado, muchas veces consideradas como resultantes de estos procesos ocurridos a lo largo del territorio latinoamericano, han promovido la redefinición de competencias de los distintos niveles del Estado
Las actuales relaciones económicas de las ciudades, particularmente en nuestro país a partir de las transferencias presupuestarias de las provincias al estado nacional en las décadas de los ´90 y 2000, el impacto de nuevas facilidades de transporte y modalidades de abastecimiento, las permanentes innovaciones en las comunicaciones y tecnología han modificado sustancialmente la vida de los habitantes de áreas urbanas y suburbanas.
La magnitud de tales cambios demanda un marco programático para el desarrollo que encamine un conjunto de ideas - fuerza, (propuestas) basadas en la identificación de los fortalezas y oportunidades (que deberían ser consensuadas entre el gobierno local y la comunidad) que sirvan de horizonte para las estrategias tanto sectoriales como locales.
Al respecto, la CEPAL en su documento “Ciudades intermedias de América Latina y el Caribe: propuestas para la gestión urbana” advierte que: “nuevamente, el escenario fundamental para el logro de la amalgama de exigencias de articulación del proceso de globalización….es la ciudad. Allí es posible avanzar respecto a las exigencias competitivas de la economía internacional, por medio de procesos de reestructuración tecnológica y productiva, estableciendo estrechos vínculos políticos y económicos entre los diferentes actores, tanto públicos y privados como de la sociedad civil, sus diferentes organizaciones y líneas de acción. La ciudad es, entonces, el espacio para el crecimiento económico, la gobernabilidad política y la profundización en la democracia.”
Bajo este concepto continúa, “el Municipio se pone en actor primario de la política urbana y tiene que asumir un rol central en la definición de la estrategia para el desarrollo local. Este nuevo rol implica establecer los rumbos para el futuro de la ciudad, es decir, definir un proyecto de ciudad y una política consecuente.”
En una perspectiva de desarrollo centrado en las capacidades y posibilidades locales, el Municipio ya no puede seguir con intervenciones puntuales en respuesta a las emergencias y al contingente; la construcción de la imagen objetivo representa entonces el punto clave para el pasaje desde un rol puramente administrativo, prestador de servicios y precario recaudador de tasas a un Municipio que tiene la responsabilidad de gobernar según su nuevo rol de orientador y promotor del desarrollo local sostenido pero con inclusión social, y de la organización ambientalmente sustentable de su territorio; en síntesis, asumiendo la “gobernancia” de su ciudad en el contexto global partiendo de considerar al estado municipal como “el primer eslabón en la construcción institucional democrática y por esa relación directa con el ciudadano, que en gran medida evalúa la eficacia del proceso democrático, en la gestión de su gobierno comunal, intendencia o ciudad ”
En los nuevos escenarios, las ciudades han sido impulsadas a asumir la regulación y control de su crecimiento y desarrollo; este fortalecimiento de los gobiernos locales generado a partir de la mencionada transferencia de responsabilidades, plantea nuevos desafíos y prioridades para la actuación pública, cobrando principal importancia en la acción de gobierno, el aumento de la recaudación local, el mejoramiento y/o perfeccionamiento de la capacidad de planificación y de gestión, asociación e interacción con otros actores y organizaciones que operan en el territorio.
La potencialidad que tiene el aprovechamiento de los recursos, de la diversidad como factores complementarios en algunos aspectos y competitivos en otros, se basa en la claridad con que se alcance a percibir a nivel local y se los posibilite con criterios de amplitud, mediante la promoción de mecanismos asociativos que permitan el desarrollo recurrente de lo local y lo regional, con este criterio y evitando el aislamiento, el municipio deberá promover programas, propuestas y acciones tendientes a superar debilidades tales como la desigualdad social, la falta de competitividad y aprovechar sus fortalezas y oportunidades.
Pero estas propuestas, recién alcanzarán su valor y legitimidad al sustentarse en los pilares que constituyen la estructura sobre la que se fundamenta la gobernabilidad: la participación y el consenso ciudadano.
Lelia Recalde
